El gobierno nacional está cambiando de manera absurda las reglas del juego para la promoción de la vivienda de interés social en el país.

Ahora los programas no se medirían por salarios mínimos sino por el puntaje obtenido por los hogares en el SISBEN, pretendiendo de esta forma ampliar la cobertura a los sectores rurales, limitando la demanda y generando un gran riesgo por la falta de ejecución de los planes aplicables a las familias priorizadas, lo que podría causar congestiones para la asignación de recursos vitales para quienes anhelan tener una vivienda propia.

Aparentemente las más perjudicadas son las poblaciones de las grandes ciudades, porque se otorgan valores inferiores a los solicitantes para acceder a los subsidios cuando ya están debidamente inscritos con anterioridad, y ahora tienen que cumplir con otras condiciones que para la gran mayoría son inalcanzables.

Lo cierto es que “Mi casa ya” sólo tiene presupuesto para alrededor de 50.000 subsidios en todo el país y las modificaciones en el Plan Nacional de Desarrollo dejan sin piso y sin equilibrio financiero el futuro de la construcción de vivienda de interés social.

Es decir que hoy dichas familias no cuentan con la asignación de los subsidios para completar el pago de su vivienda, siendo que con una inflación del 13,25% y unas tasas de interés por las nubes, que pueden fluctuar según la entidad bancaria entre el 7,50% y el 21,92 %, es definitivamente imposible adquirir un crédito para los más vulnerables.

De tal manera, los colombianos que compraron desde hace dos años y han pagado su cuota inicial esperando vivienda propia verán frustrado su sueño, convertido hoy en una pesadilla, porque para el 2023 se necesitarían 100.000 subsidios aproximadamente para cubrir la demanda actual a nivel nacional.

De otra parte, las constructoras que iniciaron obras bajo las condiciones previamente establecidas, a pesar de mantener los precios pese a los altos costos de los insumos, tendrán que reestructurar su esquema de negocios porque se encuentran en un alto riesgo operacional por los lineamientos equivocados de una política bien intencionada, pero a todas luces inapropiada para el momento social y económico de la nación.

Mientras tanto, en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo se estipulan 116.000 subsidios para los cuatro años del mandato del presidente Petro, haciendo evidente que no es prioritario para el actual gobierno estimular la construcción de vivienda de interés social con las repercusiones sociales y económicas que se producirían a la cadena productiva del subsector de la construcción y al impulso del empleo formal en el país.

Con tan escasos recursos asignados para impulsar la vivienda, se acabará con una exitosa y novedosa iniciativa que sin lugar a dudas ha entregado soluciones a los hogares de Colombia y que hoy están en riesgo de dar al traste con la ilusión de miles de destechados.

Creo que el presidente Petro debe intervenir con urgencia en un asunto tan sensible para los más humildes, rectificando inmediatamente la política de construcción de vivienda de interés social, para seguir impulsando la dinámica económica y favorecer a quienes tanto necesitan de una vivienda propia.

Señor presidente, usted tiene la última palabra, porque tener vivienda propia no es mucha riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza.

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