Los anuncios de la reforma a la salud han causado una seria incertidumbre entre los distintos estamentos, porque la información ha sido fragmentada y sin la socializacion adecuada que requiere tan trascendental decisión.

Por lo que ha dicho la ministra de Salud a partir de la transformación de las EPS, el mecanismo de vinculación cambiaría de afiliación a un “registro” en el respectivo puesto de salud para buscar la transición en el fortalecimiento de la red pública de salud por medio de la cual se aspira a brindar mejores servicios no sólo en clínicas y hospitales sino también desde la propia, casa donde iniciaría la atención básica familiar para todos los ciudadanos.

En lo que sí existe certidumbre es que debemos seguir pagando en un modelo en el que también por la vía de recursos provenientes de los impuestos se asumiría la financiación del modelo estatal de la salud.

Lo importante es definir cuál será el papel de las denominadas entidades promotoras de salud, EPS, porque hoy son verdaderas intermediarias que facilitan la atención de salud, algunas de las cuales han estructurado una red autónoma que beneficia su entorno empresarial en detrimento de la prestación del servicio, lo que ha sido válidamente criticado por los usuarios para clamar para que se transformen en verdaderos gestores de bienestar y vida garantizando de manera oportuna, eficiente y con calidad sus vitales servicios en procura de mejorar la salud de los colombianos.

Lo que se debe lograr es consolidar un sistema de seguridad social en el que la vida de los pacientes sea el centro de la reforma y no como ocurre hoy, convertido en un negocio bueno para unos pocos y malo para miles de personas atendidas sin la oportunidad debida y sin las condiciones idóneas y dignas que eviten el llamado “paseo de la muerte” y, de la misma manera, que solucione las largas filas en espera de una cita de especialización o de cirugía, al mismo tiempo que los engorrosos trámites para un examen, así como la entrega de los medicamentos recetados en el momento indicado que combatan efectivamente la enfermedad o mejor prevengan una afectación a la salud, ahorrando altos costos al Estado.

Ahora bien, si es la entidad del Estado que administra el sistema general de salud, ADRES, la que asumirá la distribución en forma directa de los recursos de la salud a las IPS, es decir, a las clínicas, hospitales e instituciones de salud tanto públicas como privadas, debe en forma decidida fortalecerse administrativa, financiera y operativamente para que pueda cumplir con tan encomiable función y precisar cuál será el papel de las 40 EPS o si desaparecerán del Sistema de Seguridad Social de Colombia y cómo se afrontará el proceso de su eliminación para evitar mayores traumatismos a los ya padecidos por los usuarios.

Hoy se dice que el 99 % de la población tiene cobertura en salud, lo que realmente asombra y desconcierta porque la cifra llega a más de 50 millones de personas y lo que se encuentra en la práctica es un buen número de pacientes que no cuentan con atención básica.

Sin embargo, las autoridades sanitarias informan que el 49 % de ellos pertenece al régimen contributivo, el 47% al subsidiado y el 4 % aproximadamente a los regímenes especiales, de los cuales 19 millones están afiliados a entidades promotoras de salud adscritas a las cajas de compensación familiar.

Por ello, la responsabilidad de transmitir informaciones veraces al respecto de la reforma es primordial para todos los actores involucrados como aseguradores, prestadores, entidades territoriales y sobretodo usuarios de un sistema que con todas las equivocaciones y aciertos se ha mantenido desde la expedición de la Ley 100 de 1993 y que si se reforma a fondo tiene que mejorar sustancialmente para prevenir la enfermedad y atender la prestación de los servicios de salud de todos los colombianos a través de un Sistema de Seguridad Social eficiente, confiable y seguro en el que prime la vida.

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