La decisión de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de reducir el presupuesto para el pago a las EPS puede llevar al colapso del sistema el año entrante.

Desde campaña el presidente Gustavo Petro y su equipo dieron claras señales de su intención de acabar con las entidades promotoras de salud privadas y las decisiones y declaraciones de la ministra del ramo parecen confirmar esta intención.

El propósito del nuevo gobierno es fortalecer los hospitales públicos, y eso está bien, pero no debe ser en detrimento del sistema de aseguramiento actual y que tiene como eje a las EPS, pues, aunque tiene fallas que deben corregirse, funciona y garantiza una cobertura universal que difícilmente se daría con la estatización de la salud.

Lamentablemente, la idea de acabar con las EPS es vendible, por la mala imagen que tienen, pero si se hace un análisis racional, no es difícil concluir que el sistema de salud de nuestro país tiene más puntos favorables que negativos. El sistema de antes, basado en hospitales públicos y el Seguro Social, era caótico, con esperas eternas, con cobertura limitada y pésimas instalaciones.

El gobierno nacional debe hacer una evaluación libre de sesgos ideológicos y buscar una fórmula que permita mejorar el sistema de salud sin acabar lo que se tiene y que funciona.

Dejar los recursos para la salud completamente en manos públicas es muy riesgoso en un país con los elevados niveles de corrupción que tiene Colombia; las indignantes historias de hospitales públicos quebrados por el saqueo de los políticos es prueba de ello.

Para que el sistema de salud funcione mejor, el Estado debe cumplir su labor de supervisar, controlar y sancionar para que los responsables de las entidades públicas y privadas del sistema procuren brindar una mejor atención.

Foto Ministerio de Salud y Protección Social

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