Se nos dirá que Colombia no es el único país suramericano con problemas de diversa índole, pero, resulta que tenemos un mal vecino—Venezuela—donde se resguardan los cabecillas de las guerrillas, dueños, además, de gran parte del negocio del narcotráfico, que nos tiene la vida bien complicada. Esas mingas o manifestaciones que se llevan a cabo cada dos o tres semanas, en capitales importantes del país, hacen mucha mella, sobre todo en el normal desarrollo de la producción y las labores cotidianas de la gente.

Ciertamente, la protesta es un derecho universal menos en países con dictaduras permanentes, pero en Colombia se llevan a cabo sistemáticamente con el firme propósito ideológico de querer tumbar un gobierno elegido democráticamente, que no tiene culpa en lo que recibió de su antecesor, un gobierno que no recibía sino aplausos gracias a la enorme mermelada que entregó a congresistas, magistrados y periodistas, lo que se reflejaba en una opinión vilmente manipulada a través de información velada y amañada. Rara vez se escuchaban protestas o amenazas de marchas pese al desgobierno que padecíamos.

Por eso no se compadece que ahora quieran arrinconar a un gobierno al que se le atravesó una pandemia letal con la que no se contaba y que, de alguna manera, le ha obstaculizado su normal desenvolvimiento.

Por otro lado, duele ver a millones de compatriotas incumpliendo las normas de bioseguridad, unos porque todavía no creen en el virus y otros porque prefieren la rumba y las aglomeraciones. No dejamos de ser irresponsables, porque uno solo puede infectar a diez o quince personas y así es difícil que se acabe ese carrusel de la infamia. Con todo y eso, culpan al gobierno.

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