Creo que este es el momento preciso para hacer la discusión sobre la necesidad de una educación superior gratuita en nuestro país. Sólo 38 de cada 100 estudiantes que egresan del bachillerato pueden acceder a programas de pregrado en las diferentes instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Para atender esta demanda, el país cuenta con 290 instituciones, de las cuales 83 están reconocidas como universidades, 120 instituciones universitarias, 51 tecnológicas y 37 son técnicas; del total de entidades, 62 son oficiales, 207 privadas y 19 de régimen especial. Colombia tiene 6.341 programas de pregrado con registro calificado, 4.872 son de posgrado; de ellos, 3.171 para especializaciones, 1.465 de maestrías y 236 para aplicar a doctorados.

En realidad, coexisten instituciones acreditadas como de alta calidad, al igual que funcionan entidades de mediana y de baja calidad académica y de escasos recursos pedagógicos y administrativos para asumir la responsabilidad de formar el talento nacional, y lo peor es que aún subsiste una seria desconexión entre lo que hoy necesitan los sectores de la producción y la oferta técnica, tecnológica y profesional, algo que es una evidente limitación al desarrollo económico y social de nuestra nación.

Por ello, si tenemos alrededor de 750.000 jóvenes cada año que anhelan continuar sus estudios y el 62% no pueden de manera inmediata continuar con su proceso educativo, es comprensible el grado de frustración y desesperanza que vive este grupo poblacional, al que permanentemente llamamos el futuro del país y quienes hoy representan ya nuestro presente.

A pesar de los esfuerzos por compensar estas iniquidades con programas como “ser pilo paga” y otras iniciativas que son desde todo punto de vista loables, lo cierto es que no se ha resuelto el problema de fondo: la financiación estatal de la educación superior en Colombia. En nuestra Constitución Nacional se consagró la libertad de enseñanza y se reconoció la educación como un derecho y un servicio público que puede ser prestado por el Estado o por particulares, y para garantizar su calidad se estableció la función de inspección y vigilancia otorgando la autonomía universitaria y con este fundamento se aprobó la Ley 30 de 1.992, que establece la base normativa del sistema de educación superior. Sin embargo, no se logró la financiación completa de las universidades públicas, ni mucho menos se garantizó la educación superior gratuita para toda la población y, peor aún, existe un desequilibrio en la distribución de los recursos por cuanto éstos no llegan a toda la geografía nacional, agudizando la actual problemática.

El valor histórico asignado por el Estado Colombiano a la educación superior tan sólo llega al 1% del PIB, del cual, la mitad son aportes de la nación y se complementa con recursos del orden territorial y las demás rentas parafiscales.

Deben definirse rentas específicas en el presupuesto nacional precisando el monto de los recursos destinados al aseguramiento de la matrícula de los bachilleres que egresan cada año de las instituciones educativas para aplicarlos a la ampliación de la cobertura con calidad de las universidades e instituciones públicas y, al mismo tiempo, crear un sistema de gratuidad que reconozca a las instituciones privadas de educación superior el pago de las mismas, para los bachilleres aspirantes, quienes deben perfilar su vocación partir de la consolidación de un programa de orientación profesional que sea pertinente con el sector productivo, garantizando su inmersión al mercado laboral.

De otro lado, es necesario revaluar el sentido de las llamadas pruebas Icfes, para que se conviertan en factor de mejoramiento de la calidad en los diferentes grados de escolaridad y no constituya factor de odiosa discriminación para el ingreso cuando el nivel de la calidad institucional afecta el puntaje obtenido.

Este debe ser un diálogo amplio y abierto entre los distintos sectores de la sociedad colombiana; los gremios de la producción, los estamentos sociales, educativos y empresariales, las Universidades, el Sena, las asociaciones de padres de familia con los gobiernos nacional, distritales y territoriales para consensuar una fórmula que se traduzca en educación superior gratuita a través de leyes y disposiciones que implementen esta iniciativa, que signifique todo un propósito nacional por que la educación es primero.

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