El malestar de la ciudadanía con los servicios de salud que se prestan a través de las EPS es generalizado y cada día crece más; la autorización de citas con especialistas, de exámenes, de cirugías o tratamientos, el derecho a cambiar de EPS; todo eso lo llenan de barreras, en detrimento de la salud y la tranquilidad de las personas; hasta las sentencias de tutela son burladas por esas entidades. Entre tanto, tenemos la Ley Estatutaria -Ley 1751 de 2015- anunciada con bombos y platillos por el gobierno nacional, pero cuyos efectos, no se han visto; en su artículo 6 que trata de los elementos y principios del derecho fundamental a la salud, establece:

“Progresividad del derecho. El Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la ampliación de capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud;…”

Desde la fecha en que se expidió esta ley, ha pasado todo lo contrario a lo consagrado sobre el principio de la progresividad del derecho a la salud; el retroceso de este derecho es abismal; las injusticias, la humillación, el maltrato y la indignación que sufren los pacientes y usuarios van en crecimiento desorbitado; frente a un Estado y unas autoridades que no tienen ni las ganas ni la voluntad política o legal, para hacer respetar la ley; es decir, estamos ante una realidad agobiante en la que el ser humano no tiene ninguna seguridad en salud y tampoco, quien lo proteja. Definitivamente, sacar y sacar leyes para anunciarlas con bombos y platillos, qué fácil; pero ah, falta de vocación por brindar calidad de vida a nuestra gente.

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