Desde la aparición del Estado moderno la población paga sus obligaciones tributarias y se subordina al aparato político confiado que le garantice el bien común.

Desde sus inicios el nuevo Estado, entre sus obligaciones, financia la educación popular. En cabeza de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander se empezó a sacar al pueblo de la ignorancia.

La educación pública   permitió transitar de casi tres siglos de estancamiento social y económico coloniales, a un moderno país industrial con nuevas realidades productivas, relaciones comerciales y progreso infraestructural.  

La República, durante su primer siglo de vigencia, se preocupó por construir los establecimientos que garantizaran la educación básica según la demanda de una cobertura cada vez en crecimiento.

Colombia se transformaba del país agrario postcolonial en otro industrial urbano en vía de desarrollo. Pero ese credo educativo no perduró en el tiempo con el mismo entusiasmo de las primeras décadas porque, aunque es mandato constitucional, pronto descuida el presupuesto de la educación pública, configurando un embudo social agravado por el déficit de cupos, la deserción y la falta de profesionales.

Sin embargo, con las deficientes asignaciones, la Universidad Nacional, la de Antioquia y la del Valle, se acreditaron como sus principales centros universitarios de calidad.

Este proceso entra en riesgo de truncarse porque la destinación presupuestal se estanca y, paradójicamente, aumenta para el Ministerio de Educación y se reduce el de Mineducación.

Hay un retroceso en los tiempos de la competencia internacional y desarrollo científico.

Un país cuya demanda supera la oferta y le faltan profesionales, agrava el problema con los recortes al presupuesto destinado para la educación.

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