Hay que establecer un proceso que garantice la independencia política de quienes lleguen a los entes de control.

Ahora que se adelanta el proceso para la elección del contralor general de la República, el país debería hacer una reflexión profunda sobre la forma en la que se selecciona a los titulares de los órganos de control de la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, pues lejos está de ser el procedimiento ideal.

Aunque se han aplicado algunas modificaciones, como quitarle a los tribunales la capacidad de nominación, abrir el concurso e incluir la evaluación de los candidatos por parte de una universidad, el proceso sigue siendo un embudo que conduce a que sea el cuerpo colegio respectivo (el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos) el que decida. Esto, aunque lo llamen concurso de méritos, claramente no lo es.

Ahora, por ejemplo, paralelo al proceso de evaluación, los candidatos a contralor general de la República se han dedicado a hacer lobby con los congresistas, lo que prueba que al final no es el mérito lo que pesa, sino el manejo político.

Por esta razón es poco usual encontrar contralores, procuradores y personeros que tengan la independencia necesaria para aplicar un control real, pues sus elecciones terminan siendo fruto de la conformación de coaliciones en las que además influye el gobierno respectivo, y en las que además de un acuerdo para “no molestar” al alcalde, al gobernador o al presidente, se compromete la entrega de burocracia a concejales, diputados o congresistas.

Para garantizar que los jefes de los órganos de control tengan distancia frente a la administración que supervisan, es necesario que ningún poder público tenga injerencia en su elección y haya un verdadero proceso de meritocracia, una competencia realizada por un ente autónomo, con requisitos claros, en la que se apliquen pruebas puntuales y cuantificables que garanticen que el elegido sea el mejor, no el que tenga más respaldos políticos.

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