Bastas zonas del suroccidente están bajo el mando de los ilegales.

Los departamentos del suroccidente, y en especial el Cauca, deben ser prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Nacional.

En la región confluyen todos los actores violentos del país, pues es rica en minerales y en cultivos de coca, materias primas de los dos negocios ilícitos más lucrativos, cuyo control se disputan a sangre y fuego.

No son solo las apartadas zonas rurales las que viven las consecuencias del avance de las disidencias de las Farc, las bandas criminales y los nuevos grupos delincuenciales, también en los grandes centros urbanos se sienten los fuertes coletazos de este fenómeno; las autoridades tienen identificado, por ejemplo, que buena parte de las muertes violentas que se registran en Cali tienen origen en cruces de cuentas entre estas organizaciones, que pactan y pagan sus negocios en la capital del Valle del Cauca.

El regreso del desplazamiento, que se reactivó, y el aumento del microtráfico y el consumo de drogas en las ciudades, son consecuencia de este flagelo.

En ese sentido, recuperar el control en el Cauca, en Tumaco, en la zona rural de Buenaventura, es la mejor forma en la que el Gobierno Nacional puede frenar el aumento de la violencia en las ciudades y evitar un nuevo éxodo de campesinos hacia centros urbanos que no tienen capacidad para acogerlos dignamente.

Una seguidilla de errores del anterior Gobierno, que replegó a las Fuerzas Militares, permitió el avance de los ilegales en estos territorios, por eso es necesario que el Estado regrese con contundencia, pero no solo con mano dura, que es necesaria en este momento para contener este flagelo, sino también con una mirada social, pues los habitantes de las zonas rurales necesitan oportunidades de vida digna.

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