¿Cómo combatir la corrupción si las instituciones que deben liderar esa lucha están contaminadas?

No hay calificativos para definir el escándalo desatado a raíz de las grabaciones que involucran a tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y a dos congresistas de la República con millonarios pagos para el favorecimiento en procesos judiciales.

Este caso tiene que ver con el del tristemente célebre fiscal anticorrupción que terminó preso por el cobro de millonarios pagos a cambio de la manipulación de investigaciones.
Entre este escándalo y el de Odebrecht   no se salva ninguno de los tres poderes públicos, lo que inevitablemente lleva a preguntar en manos de quiénes están las decisiones del Estado colombiano, pues las dos investigaciones llevan a concluir que hasta en el más alto nivel los asuntos no se resuelven con base en la Constitución y las leyes, si no a partir de tarifas.

Y es precisamente que haya miembros del ejecutivo, del le-gislativo y del judicial lo que lleva a pensar que no pasará nada, pues los tres poderes están relacionados entre sí, su indepedencia es teórica, así como los unos postulan y eligen a los otros, los unos investigan a los otros y viceversa. El panorama no es muy alentador, a los  exmagistrados implicados, por ejemplo, los tendría que investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que no tiene las mejores referencias históricas.

Casos como estos dan razones de sobra para participar en la consulta anticorrupción que busca endurecer las sanciones contra los corruptos y quitarles tantos privilegios y beneficios judiciales a quienes abusan de sus posiciones para enriquecerse a costa del Estado. Ya es hora de dejar de distraernos con lo que pasa en Venezuela y concentrarnos en lo que ocurre aquí, y como la clase política no hará las reformas que se requieren para acabar las malas prácticas, le corresponde a los ciudadanos hacerlo, a través del voto.

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