El gobierno presentó el proyecto de ley que reglamenta la participación en política de los miembros de las Farc. La iniciativa contempla que pueden ejercerla aún quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Este tema fue uno de los más controvertidos durante la discusión del acuerdo frente al referendo y sin duda uno de los motivos del triunfo del No en las urnas. Después de los resultados el gobierno vendió la idea de que el grupo subversivo había aceptado que quienes hubiesen cometido delitos atroces se abstendrían de ejercer esta actividad.

Ahora resulta que el proyecto de ley contempla todo lo contrario. Con el pasar de los días, con los proyectos  presentados, se comprueba que el referendo y las negociaciones posteriores no fueron más que una fiesta de disfraces cuyo tema era la democracia. En nombre del bien general, el gobierno está haciendo lo que le provoca o mejor lo que le provoca a las Farc. Sin duda, se está cumpliendo lo que los promotores del No vaticinaron, se les están dando demasiadas concesiones a las Farc.

Todo parece indicar que en el futuro veremos a los responsables de secuestros, extorsiones, atentados terroristas, desapariciones forzosas, reclutamiento de menores, violaciones de mujeres aspirando a cargos de elección popular y fungiendo de líderes de la nueva patria. ¿Es esa la base de una sociedad que busca una paz estable y duradera? Se le dijo al país que el acuerdo no contemplaba impunidad. ¿Qué será justicia para quienes están implementando lo acordado? Ir en contravía de los deseos de la mayoría genera nuevas violencias, la verdadera democracia implica conciliar las aspiraciones de todos y lograr un proyecto de país con ideales compartidos. Las Farc deberían pensar que si quieren ser elegidos no pueden imponer aspectos que van en contra de lo que los colombianos sienten es el deber ser.

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