La semaglutida, comercializada como Ozempic, Wegovy o Rybelsus según la formulación, se ha convertido en uno de los fármacos contra la obesidad más demandados del mundo.

En 2026 expiraron las patentes en países como India, China, México, Brasil, Sudáfrica, Turquía y Canadá, que suman alrededor del 44 % de la población mundial, lo que ya ha permitido la entrada de versiones genéricas que podrían abaratar el tratamiento de forma notable, hasta cifras que algunos analistas sitúan en torno a 15 dólares mensuales en esos mercados.

Aunque estos medicamentos derivan de terapias para la diabetes y han mostrado eficacia en ensayos clínicos, su uso requiere prescripción y no está exento de efectos adversos; por ello las autoridades sanitarias advierten sobre la compra fuera de canales regulados.

La escasez pasada y el alto coste han favorecido comercio irregular y webs fraudulentas, mientras en redes sociales proliferan remedios no probados que prometen imitar sus efectos sin evidencia científica.

La llegada de genéricos plantea un cambio de acceso, pero también retos económicos y regulatorios para los sistemas públicos de salud.

En la Unión Europea, la protección de la patente se ha extendido mediante certificados complementarios de protección, por lo que en países como España la exclusividad se mantiene hasta 2031 y, por tanto, los genéricos baratos no estarán disponibles aquí en el corto plazo.

Expertos señalan que, cuando lleguen los genéricos, la competencia entre fármacos podría generar bajadas de precio, y que las farmacéuticas con medicamentos aún protegidos podrían negociar reducciones para entrar en los formularios públicos.

Aun cuando el abaratamiento aumente la disponibilidad, el impacto en la financiación pública dependerá del equilibrio entre precio, volumen de prescripciones y beneficios esperados para la salud.

Además, la rápida innovación en el campo —con competidores como la tirzepatida (Mounjaro) y nuevas moléculas en desarrollo, algunas en pastilla— cambia constantemente el panorama terapéutico.

Las autoridades y profesionales deberán conjugar acceso, seguridad y evidencia para que adelgazar no se convierta solo en un privilegio de quienes pueden pagarlo.

Nota de Transparencia

Este artículo fue generada con IA, a partir de información del Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC.

El contenido final fue revisado por un miembro del equipo de redacción del Diario Occidente.

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