Mientras la ONU hizo un llamado a las autoridades colombianas para detener la violencia en Buenaventura, la Defensoría Nacional del Pueblo expresó su preocupación por el incremento de los homicidios en esta localidad.

En una visita humanitaria a las comunas 3, 4, 9 y 12, las más violentas del distrito, encabezada por el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el funcionario afirmó que el Gobierno no ha podido detener violencia en esta ciudad.

El Defensor visitó el Distrito en compañía de Todd Howland, representante de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y Felipe Camargo, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Acnur.

La visita la hicieron con el fin de corroborar los desplazamientos intraurbanos como consecuencia de la guerra entre bandas criminales que se viven en esta localidad.

Así mismo, para dialogar con la comunidad afectada.

Medidas
Durante la visita, Todd Howland, recomendó al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación y a la Contraloría visitar juntos la zona y acordar medidas urgentes con las autoridades locales, departamentales y nacionales con el fin de parar la violencia que enfrentan los pobladores.

Howland también dijo que las autoridades, en todos los niveles, deben trabajar en equipo por el respeto de los derechos humanos y que los derechos de las personas deben estar por encima de las diferencias políticas.

Gerencia
Por otra parte, el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitó al Gobierno Nacional una gerencia especial para Buenaventura que articule toda la institucionalidad del Estado y que permita enfrentar de manera más efectiva la situación de violencia y el abandono que presenta este puerto sobre el Pacífico.

Otálora dijo que la solicitud la hará al Ministerio del Interior ante el incremento de la violencia en el último año y ante la necesidad de aumentar el gasto social que permita enfrentar la crisis de derechos humanos en la ciudad.

El Defensor del Pueblo constató la “ley del silencio” que impera en algunas comunas atemorizadas por los grupos armados ilegales.

Durante su recorrido por las comunas, los miembros de la misión humanitaria observaron viviendas desocupadas y muchas otras destruidas producto de los actos violentos de los grupos armados ilegales “La Empresa”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, quienes se enfrentan por el control territorial.

Otálora se mostró preocupado por oír la crítica situación que viven cerca de 1.300 familias, alrededor de 4.000 personas, víctimas de desplazamiento intraurbano y por el incremento de la violencia en el último año y por la falta de respuesta efectiva de las autoridades locales.

Según las cifras oficiales, mientras en 2012 se registraron 122 homicidios, en lo corrido del año ya se han presentado 145 homicidios, aunque se considera que la cifra puede ser mayor, debido al temor de las comunidades a presentar las denuncias.

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