Ante las amenazas que se han presentado contra el alcalde de Tuluá, Ramiro Devia, y funcionarios de la administración municipal y la Personería, la Defensoría del Pueblo pidió protección para ellos.

La Defensoría instó a la institucionalidad gubernamental a articularse para proteger a los habitantes de esta población del centro del Valle del Cauca.

Es de anotar que durante el 2023 fueron asesinadas en este municipio del centros del Valle un total de 124 personas.

El llamado

Por eso, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de carácter urgente a toda la institucionalidad estatal para que proteja a las funcionarias y los funcionarios de la Alcaldía y Personería de Tuluá, ante las recientes amenazas.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo dijo que “dada la ola de violencia e inseguridad que tiene atemorizados a los habitantes de este municipio de la zona central del departamento del Valle del Cauca, la cual incluye el asesinato del concejal electo del municipio, Eiliecid Ávila Ávila, solicito adicionalmente a los entes competentes atender las recomendaciones formuladas en una de sus alertas tempranas”.

Camargo manifestó que “en razón a las violencias sociopolítica y conexas de las que por estos días han sido víctimas los tulueños, es decisivo que los entes nacionales, departamental y local atiendan nuestras recomendaciones formuladas en la Alerta Temprana 019 del 2023. La población y los servidores públicos de este importante municipio vallecaucano deben ser protegidos”.

Riesgo

Según indicó el Defensor del Pueblo, las disputas entre las bandas delincuenciales por el control territorial para extorsionar, secuestrar, traficar estupefacientes, robar, entre otros hechos delictivos, constituyen un escenario de riesgo que se viene presentando desde hace tiempo en el pueblo.

El funcionario indicó que “acallar las voces de los líderes sociales y querer privar de sus funciones a quienes sirven desde la administración municipal, como conductas criminales que atentan contra los derechos humanos, derivan en un impacto negativo para la construcción del tejido social”.

Ante esta situación, Camargo instó a la Unidad Nacional de Protección UNP, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía y a las Fuerzas Militares a tener una línea de acción y reacción efectiva, con el fin de que sean salvaguardados los derechos a la vida e integridad de los tulueños, máxime que el antecedente de homicidios amerita un trabajo articulado, pues durante el 2023 fueron asesinadas en el municipio 124 personas.

Según indicó Camargo, “las acciones de disuasión de amenazas, de protección, de inteligencia e investigación judicial y de coordinación interinstitucional deben verse reflejadas en la garantía real de derechos. Los habitantes de Tuluá no pueden quedar al arbitrio de los criminales”

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