La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del municipio de Jamundí por presuntas irregularidades en un proceso administrativo relacionado con unas obras adelantadas en un predio de un conjunto residencial campestre.

Este caso salió a la luz pública luego de revelaciones periodísticas publicadas por la revista Semana.

Según la información conocida, el conflicto comenzó después de que un residente iniciara una ampliación en su lote, ubicado dentro del condominio, con una licencia de construcción expedida por la Secretaría de Planeación en octubre de 2025.

Con ese permiso, el propietario adelantó trabajos de remoción de tierra y cerramiento del área.

Posteriormente, la administración del conjunto residencial presentó una solicitud para revocar la licencia de construcción, mientras el propietario radicó quejas y solicitudes de inspección sobre otras edificaciones del mismo condominio por presuntas infracciones urbanísticas.

Según los documentos aportados al proceso, el denunciante considera que hubo diferencias en la manera en que las autoridades atendieron las distintas construcciones del conjunto residencial.

Los cuestionamientos

De acuerdo con las quejas conocidas por los organismos de control, durante el trámite policivo y administrativo se habrían presentado posibles irregularidades relacionadas con el debido proceso.

Entre ellas aparecen reclamos por presuntas fallas en las notificaciones, recursos que no habrían sido resueltos y solicitudes que, según el denunciante, no recibieron respuesta formal.

Uno de los hechos mencionados corresponde a una audiencia realizada el 29 de abril de 2026 ante una inspección de Policía, en la que se pidió la nulidad de todo lo actuado por una presunta vulneración del debido proceso.

La parte involucrada aseguró que no fue notificada de decisiones adoptadas previamente dentro del expediente.

La denuncia también cuestiona el manejo del expediente administrativo. Según los documentos conocidos, este habría sido solicitado en varias ocasiones sin obtener respuesta y posteriormente no habría sido ubicado en el despacho correspondiente.

Además, se advirtió que algunos documentos presentados por la parte denunciante no reposaban en el expediente revisado.

En paralelo, el residente interpuso una acción de tutela relacionada con presuntas vulneraciones a derechos fundamentales.

El recurso fue fallado a su favor en dos instancias y actualmente cursa un incidente de desacato por un presunto incumplimiento de órdenes judiciales.

La Procuraduría señaló que el proceso disciplinario se encuentra en etapa de indagación y busca establecer si existieron incumplimientos de deberes, extralimitación de funciones o posibles violaciones de normas legales por parte de funcionarios de las dependencias involucradas. Sobre este caso también cursan denuncias penales.

Comments