Gobernación sigue cercada por demandas

Una nueva voz de alerta hizo ayer el gobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Delgado, luego de indicar que “desde el interior de la administración se ha suministrado información privilegiada para que demanden al departamento”.
El mandatario afirmó que conoció que “poquitos abogados, incluso algunos que en el pasado habían sido funcionarios de la gobernación, hacen parte de los abogados que demandan al departamento y que tienen información privilegiada que ha sido utilizada en contra del Departamento”.

Adulterados

Según lo dio a conocer el secretario Jurídico de la Gobernación, Germán Marín Zafra, 180 poderes otorgados en los años 2005 y 2006, fueron presuntamente adulterados para lograr conciliaciones con el Departamento.
El secretario explicó que “los documentos fueron alterados en su contenido como en su forma, porque inicialmente, cuando se firmaron se demandaba al Departamento, pero luego se cambian para conciliar y se actualizan al año 2012. Son temas de orden laboral, contratistas que reclaman prestaciones”.

Marín Zafra dijo que “la Procuraduría Judicial 165 Administrativa del Valle del Cauca, puso en alerta a la Gobernación”.

Defraudación

El gobernador Delgado dijo que pretendían defraudar al Departamento en más de $1.800 millones.
Los casos corresponden a contratistas que laboraban para esa época en calidad de contratistas para dependencias de Educación y Desarrollo Institucional, expresó Delgado.

Según dijeron Ubéimar Delgado y Germán Marín, los 180 procesos están en manos de dos abogados.

Además indicaron que cinco abogados que laboraron para la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, lideran otros procesos judiciales.

Vigencias futuras

Una nueva demanda por vigencias futuras conoció ayer la Gobernación del Valle.

Según indicó Germán Marín Zafra, el consorcio Vías del Valle habría entablado la tercera demanda por los contratos que se dieron terminados de mutuo acuerdo entre quienes tenían la labor de construir obras por vigencias futuras.

El secretario manifestó que “no se entiende es que los contratos se dieron por terminados de común acuerdo y sobre la base de haber cancelado más de $14 mil millones, pero ahora los mismos concesionarios siguen demandando”.

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