Ante las denuncias de la Defensoría del Pueblo sobre el desplazamiento intraurbano en Buenaventura, la Personería del Distrito denunció que la escalada de violencia entre las bandas criminales ha generado el desplazamiento de más de 90 familias en la comuna 12.

Según la Personería, más de 90 familias han abandonado sus viviendas en barrios como Nuevo Amanecer, El Progreso, Bello Horizonte, Unión de Vivienda y, más recientemente, en el sector de La Vecindad, que se ha convertido en un verdadero lugar fantasma.

Los enfrentamientos entre las bandas criminales Shottas y Espartanos continúan generando temor e inseguridad en la comunidad, especialmente en la comuna 12, epicentro del conflicto.

Carlos Jefferson Potes, personero de Buenaventura, indicó que en La Vecindad hay al menos 98 casas deshabitadas producto de amenazas y hechos violentos.

El funcionario señaló además que sólo de ese sector han llegado 44 familias desplazadas, quienes manifiestan no poder convivir en sus territorios de origen por la persistencia del miedo y la violencia.

Muchas otras familias prefieren permanecer en sus hogares durante el día, pero dormir en zonas seguras durante la noche para evitar verse envueltas en los enfrentamientos.

Como se recordará, la Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por la situación en Buenaventura, catalogándola como una de las zonas urbanas con mayores índices de desplazamiento forzado en el país.

Para esta entidad es indispensable una estrategia integral que combine seguridad ciudadana, inversión social y protección humanitaria, pues los operativos policiales aislados no son suficientes para frenar este fenómeno.

La violencia ha convertido a barrios históricos y comunitarios en espacios desiertos, con calles vacías y familias que se ven forzadas a abandonar sus hogares, mientras que la ocupación irregular de viviendas deshabitadas dificulta el retorno de los propietarios.

La crisis afecta no solo a la seguridad sino también a la cohesión social y el tejido comunitario de Buenaventura, que exige respuestas efectivas y sostenibles para detener este ciclo de violencia y desplazamiento.

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