Muy preocupado se mostró el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, por los problemas de orden público que se vienen presentando en el suroccidente colombiano.

Otálora rechazó acciones que se vienen presentando en esta región de Colombia y pidió a las autoridades que investiguen.

El funcionario rechazó hechos de violencia como los desmembramientos en Buenaventura, mientras en Cauca 59 familias fueron desplazadas por combates y 13 concejales de El Tambo siguen despachando desde Popayán por amenazas. La Defensoría realiza acompañamiento a las víctimas y gestiona la ayuda humanitaria de emergencia.

Preocupación
El Defensor Nacional se mostró preocupado por el escalamiento del conflicto armado en el suroccidente del país, cuyas expresiones más recientes corresponden al asesinato de dos personas desmembradas en Buenaventura y al homicidio del concejal Segundo Benjamín Morales en San José de Albán, Nariño.

Según la Federación Nacional de Concejales, Morales había recibido amenazas, al igual que otros cuatro cabildantes de la región, por lo que el Defensor solicitó la Unidad Nacional de Protección revisar su nivel de riesgo y proveer las medidas de seguridad.

Incertidumbre
El defensor del pueblo, Armando Otálora, expresó también su preocupación por el secuestro de dos integrantes de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en la vereda Los Robles de Tumaco, acción atribuida inicialmente a las Farc.

Ayer el alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, señaló que en zona rural de la vereda San Vicente – Las Varas aparecieron dos cadáveres que -según versiones preliminares de campesinos- serían los del mayor y el patrullero de la Policía que se encuentran desaparecidos desde el pasado sábado en esa región del país.

El alcalde Gallo agregó que a la zona se dirigieron expertos del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional con el fin de adelantar las labores de identificación plena de los cadáveres.

Así mismo, en Policarpa, Nariño, la Defensoría denunció la desaparición de un líder indígena.

Piden reforzar medidas
Mientras Medicina Legal reportó 148 muertes violentas este año en Buenaventura, dos nuevos cuerpos fueron encontrados descuartizados este fin de semana en Buenaventura, a pesar de las protestas contra la violencia adelantadas por la sociedad civil.

Las autoridades de Buenaventura confirmaron el hallazgo de otros dos cadáveres desmembrados, de un hombre y una mujer, con lo cual asciende a siete la cifra de muertes violentas provocadas mediante esta modalidad durante lo corrido del año en el Puerto.

El Defensor del Pueblo, Armando Otálora, dijo que además de la capturas de integrantes de los grupos armados postdesmovilización, es necesario que la Policía, la Armada y demás organismos de seguridad con presencia en esa ciudad del Pacífico colombiano, refuercen las medidas de prevención para contener la violencia.

Amenazas
Las amenazas de grupos armados ilegales obligaron a 13 concejales de El Tambo a salir del municipio indicó la Defensoría del Pueblo, que en su último informe de riesgo electoral indica que esta localidad es catalogada en riesgo extremo, debido a la presencia de las Farc y el Eln.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Policía, al Ejército y a la Unidad Nacional de Protección evaluar las circunstancias de intimidación al parecer por parte de “Los Urabeños” a 13 concejales y nueve líderes comunitarios de El Tambo, quienes junto con sus familias, abandonaron la población y llegaron a Popayán en condición de desplazados.

Así mismo, pidió a las autoridades adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad de estas personas y de sus familias.

A pesar de las intimidaciones las elecciones se realizaron con normalidad, pero la semana pasada fue asesinado un líder campesino.

DesplazadosHacia el municipio de Guapi, fue enviada ayerayuda humanitaria por parte del gobierno departamental con el fin de atender a las familias desplazadas por los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla.

Según la Defensoría, un censo preliminar permitió contabilizar 25 familias de la comunidad de Juanico; 25 familias de la comunidad de La Pampa, y nueve familias de la comunidad indígena El Partidero.

Las ayudas enviadas consisten en alimentos no perecederos y algunos medicamentos, para atender enfermedades respiratorias entre los menores de edad, así como frazadas y otros elementos, hacen parte de las ayudas.

Las autoridades indicaron que en la zona han disminuido los choques armados entre la fuerza pública y la guerrilla, pero aún las condiciones no se han dado para el retorno de las familias a sus hogares.
La Defensoría adelanta acompañamiento.

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