Mientras el defensor nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, calificó la situación de los menores infractores privados de la libertad como la peor del país, el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Jhon Arley Murillo, indicó que Cali y el Valle del Cauca tienen el mayor número de jóvenes infractores que entran al sistema, y donde la alcaldía y la gobernación menos aportan y no cumplen sus responsabilidades.

Otálora Gómez afirmó que \”hemos convocado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque de lo contrario vamos a interponer una acción de tutela, porque ya hemos agotado todos los mecanismos y recursos necesarios; esta es la peor problemática que tiene Cali\”.

Ante las dificultades que se han presentado en el Valle por la negativa de municipios como Buga de autorizar la construcción del centro de reclusión de menores, el funcionario nacional manifestó que \”hemos propuesto al presidente la declaratoria de la emergencia social para que sea el Gobierno Nacional el que mediante un decreto ley fije los sitios donde se construyan las cárceles a nivel nacional\”.

El director regional del Icbf enfatizó que ha gestionado la iniciativa para la construcción de un nuevo centro de reclusión de menores, pero no se ha podido por la oposición de la dirigencia política.

Precisamente, el funcionario propuso la detención domiciliaria para los jóvenes infractores y enfatizó que la ley propone que cuando los centros no tengan la capacidad de reclusión se pueden contemplar esta u otras penas.

Al referirse a la tutela de un juez que ordenó al Icbf el cierre del centro transitorio para menores infractores en el centro de Cali, Murillo dijo que la adecuación de los transitorios depende de alcaldías y gobernaciones.

Comments