El norte del departamento del Cauca es una de las regiones del país donde más existen salvoconductos para armas de fuego.

Así lo indica un informe de la Universidad Nacional, que además de esta región existen muchos salvoconductos de estas armas en Catatumbo y Urabá por ser zonas de alto riesgo y de problemas de orden público según indica el analista político Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.

Rosanía dice que esto también se ha prestado para una cantidad de fenómenos delincuenciales paralelos.

El analista indica que “una persona armada no va a confrontar al grupo que lo está amenazando porque no tiene la capacidad de enfrentar estas estructuras” .

Agregó que el Estado es quien mantiene el control de las armas y que el debate está en los salvoconductos especiales y saber quiénes sí y por qué pueden tener o portar un arma.

Al respecto el abogado Edison Rafael Venera Lora, especialista en Alta Gerencia de la Defensa, sostuvo que “toda normatividad debe garantizar los derechos fundamentales ligados a la dignidad humana y, a pesar de que ha sido objeto de debate, el porte de armas es un derecho personal a la seguridad aunque no esté en la Constitución Política”.

El abogado hizo un llamado de atención a las autoridades porque aunque los índices de seguridad aumentan, el pie de fuerza está disminuyendo.

En Colombia el porte y la tenencia de armas están prohibidos, pero un artículo permite las excepciones.

Según una investigación del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, en el país hay más muertos por intolerancia que por el conflicto armado.

El analista Rosanía expresó que “armar a los ciudadanos va a impactar directamente en los aumentos de los homicidios”.

El investigador agrega que “también existe un mercado de alquiler de armas con salvoconducto, es inconveniente tercerizar la seguridad y generar la red de cooperantes que está proponiendo este gobierno, porque los civiles asumen las responsabilidades de las autoridades”.

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