Lo que comenzó como un retraso en la elección del contralor distrital terminó convertido en un enredo jurídico y político que hoy mantiene a Cali sin un titular en ese cargo.

La ciudad debió elegir contralor en diciembre, pero el año terminó sin decisión. Desde entonces, el proceso no solo se estancó, sino que retrocedió. Mejor dicho, se enredó.

Desde comienzo de este año, la abogada Luz Arianne Zúñiga asumió el cargo en calidad de encargada y, como van las cosas, podría seguir por un buen tiempo en el cargo.

Como se recordará, el Concejo de Cali avanzó inicialmente hasta la conformación de una terna, producto de un proceso adelantado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Pero en medio de advertencias de la Procuraduría y ausencias de la mayoría de los concejales, la corporación no realizó las entrevistas a los ternados ni mucho menos pudo llevar a cabo la votación para la elección de un contralor en propiedad.

La nueva mesa directiva, presidida por la concejal Daniella Plaza, decidió revocar lo actuado y dejar sin efecto ese procedimiento.

Esta determinación fue respaldada por el primer vicepresidente, Andrés Escobar, y rechazada por la segunda vicepresidenta, María del Carmen Londoño.

Pese a esta decisión y a la aparente calma que ronda el tema, hoy la elección del contralor de Cali sigue en un limbo jurídico.

El abogado Eduardo Castillo, quien fue procurador durante once años y se desempeñó como fiscal en delitos contra la administración pública, le ha hecho especial seguimiento al tema y sostiene que el proceso ya estaba en su fase final cuando se detuvo y, según su concepto, la intervención del procurador segundo delegado, Samuel Benjamín Arrieta, terminó generando una reacción desproporcionada en el Concejo. “Para mí hubo un exceso”, afirmó, habló de “intimidación” y recordó que por esa actuación presentó denuncias disciplinarias y penales.

A partir de ese momento, el proceso comenzó a trabarse. Varias sesiones convocadas por la presidencia anterior del Concejo –en cabeza de Edison Lucumí– no lograron quórum, porque catorce concejales se ausentaron de manera reiterada.

Por esta razón, Castillo también interpuso acciones jurídicas contras los concejales. “Yo denuncié un prevaricato por omisión”, señaló, al referirse a la inasistencia sistemática de los concejales a las sesiones donde debía elegirse el contralor.

Mientras tanto, el debate jurídico sigue abierto. De un lado, están los recursos que buscan revivir el proceso anterior, bajo el argumento de que la mesa directiva no tenía facultades para revocarlo y, de otro, la posibilidad de iniciar una nueva convocatoria.

Sobre ese punto, el abogado Eduardo Castillo señaló que los integrantes de la terna –Gustavo Alberto Barrientos, Ligia Amanda Gallego y Diego Mauricio López– tendrían derechos que deben ser considerados. “Tenían una expectativa… el derecho de ser llamados a entrevista”, indicó.

En paralelo, el ambiente dentro del Concejo no es tranquilo. Cada vez que se toca el tema, surgen tensiones entre los concejales, conscientes de que el caso está siendo auscultado…

Entre lo que se investiga con lupa se revisan las excusas de las ausencias de los 14 concejales que de manera reiterativa se ausentaron o no llegaron a las plenarias relacionadas con el proceso de elección del contralor.

También se revisan quejas contra las mesas directivas; en el caso de la del año pasado, porque hay quienes insisten en supuestas irregularidades en el proceso de convocatoria y evaluación adelantado, y en el caso de la actual, porque hay dudas sobre sus facultades para revocar el proceso.

Y más allá, por señalamientos hechos contra el alcalde Alejandro Eder, se buscan indicios de una supuesta interferencia del mandatario local en el proceso.

Una fuente cercana al tema dijo que en los próximos días podría producirse una decisión que agregaría un nuevo capítulo a este novelón.

Comments