El salario de los congresistas no deja de ocasionar polémica. Es claro que al grueso de los colombianos les parece que los padres de la Patria no merecen lo que ganan y, por esta razón, ahora se busca tumbar por vía tutela el más reciente incremento…

Como se recordará, el pasado 24 de diciembre el Ministerio de Hacienda oficializó un reajuste del 5,1% para los legisladores y los altos funcionarios del Estados, correspondiente al año 2020. Así, el sueldo pasó de $32.741.000 a $34.417.000 mensuales, un aumento de $1.676.000.

Aunque ya se ha explicado hasta la saciedad que este aumento anual es un mandato constitucional y, por lo tanto, obligatorio, esto poco le importa a la opinión pública, que compara esta cifra con los $30.723 que subió el salario mínimo para el 2021.

Pese a la indignación que el tema produce, es poco posible que prospere la acción legal interpuesta por un ciudadano que alega la violación de los derechos fundamentales de equidad y de igualdad, pues los especialistas en la materia sostienen que únicamente una reforma constitucional podría cambiar la manera en la que se fija el incremento del salario de los congresistas, y ya se sabe -por los tantos intentos que se han dado- lo que ocurre con las iniciativas legislativas que persiguen este propósito.

Lo cierto es que, si no quieren seguir alimentando un clima de indignación, los congresistas deberían darse la pela y aprobar, por ejemplo, una reforma constitucional que actualice sus salarios y los de los altos funcionarios del Estado cada cuatro años en un porcentaje equivalente al promedio de los ajustes que haya tenido el salario mínimo en ese periodo.

Si no lo hacen por consideración con los millones de colombianos que viven con el salario mínimo o incluso con mucho menos, deberían hacerlo por estrategia política.

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