El presidente del Concejo de Cali, Fabio Alonso Arroyave, se le midió a solucionar un lío laboral de gran tamaño que tiene a la corporación con serios problemas financieros y que, hasta el momento, nadie ha podido resolver.

En el Concejo de Cali hay 27 personas que hace varios años llegaron a trabajar en las unidades de apoyo normativo de concejales que ya no hacen parte de la corporación, y aunque sus jefes hace mucho salieron del Cabildo, se las ingeniaron para que no las pudieran desvincular.

La unidad de apoyo normativo es el equipo de trabajo de un concejal y la integran personas postuladas por cada cabildante, que ocupan estos cargos hasta que su jefe inmediato -el respectivo concejal- lo considere o hasta que termine el periodo constitucional para el que fue elegido.

Sin embargo, las 27 personas en cuestión adquirieron fuero sindical -lo que les da la garantía de no ser despedidas- y cuando los concejales que los nominaron para trabajar en sus unidades de apoyo normativo finalizaron sus periodos, no pudieron ser desvinculadas de la corporación.

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Anteriores presidentes del Concejo de Cali trataron de desvincular a este grupo de aforados, pero la protección sindical con la que cuentan lo impidió…

Ante esta situación y como los concejales que los nominaron ya no hacen parte de la corporación -algunos hasta fallecieron-, a los presidentes del Concejo no les quedó de otra que asignarles funciones, lo que genera dudas jurídicas, pues estas personas no hacen parte de la unidad de apoyo normativo de ningún concejal ni tampoco son de carrera administrativa.

Más grave aún es que la nómina de los 27 aforados le representa al Concejo de Cali $2.400 millones, equivalentes al 12% del presupuesto de la corporación, lo que obliga al presidente de turno a recortar gastos en otras áreas para cumplir con el pago.

Luego de realizar consultas jurídicas, el presidente de la corporación, Fabio Alonso Arroyave, encontró una fórmula que podría solucionar el tema, y es que el personal en cuestión debe certificar mes a mes las funciones asignadas por su respectivo concejal y, como esos concejales ya no existen, no podrán hacerlo, por lo tanto la corporación no podrá pagarles y podrá declararlos insubsistentes y sentar un precedente legal para responder a las acciones legales que obviamente interpondrán los afectados.

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Desde hace dos semanas los 27 aforados vienen realizando protestas al interior del Concejo y reclamando funciones. Aunque ellos alegan que se trata de una persecución laboral, el presidente Arroyave sostiene que su único interés es normalizar “situaciones administrativas críticas disfuncionales” que afectan a la corporación.

El Concejo de Cali no es la única corporación pública con esta situación, también ocurre en otros concejos y en asambleas…

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