En ciudades como Cali y en numerosos municipios del país, hay ciudadanos llevan más de una década esperando que se repare la calle donde viven.

A pesar de pagar de manera regular el impuesto predial, continúan transitando por vías deterioradas, con huecos, problemas de movilidad y riesgos constantes de accidentes.

Esa realidad, que se repite en barrios urbanos y sectores periféricos, se convirtió en el punto de partida de una propuesta legislativa que ahora busca llegar al Congreso.

El candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca Cristian Viveros, del Partido Conservador, presentó la iniciativa “Menos predial, menos huecos”, un proyecto de ley que plantea un cambio en la forma en que los ciudadanos se relacionan con el impuesto predial y con la reparación de las vías barriales.

La propuesta parte de una premisa básica: permitir que los propietarios de inmuebles puedan destinar voluntariamente parte de su impuesto predial a financiar directamente la reparación de la cuadra donde viven.

El esquema sería comunitario y opcional. Quienes decidan no participar no tendrían sanciones ni obligaciones adicionales.

Según explicó Viveros, el proyecto no surge como una idea coyuntural de campaña, sino como una iniciativa legislativa ya estructurada, que será presentada formalmente en el Congreso si obtiene una curul en la Cámara de Representantes.

Inspirado en las obras por impuestos

La iniciativa toma como referencia una figura que ya existe en Colombia: las obras por impuestos, un mecanismo mediante el cual grandes empresas pueden pagar parte de su impuesto de renta ejecutando proyectos previamente aprobados.

La diferencia, según el candidato, es que esta propuesta busca trasladar ese modelo al ciudadano común, usando el impuesto predial como herramienta para resolver problemas concretos del entorno inmediato.

“El mensaje es directo: si un alcalde no quiere que parte del recaudo del predial se use bajo este esquema, la alternativa es cumplirle a la gente con la recuperación de la malla vial de los barrios”, dijo Viveros al explicar el alcance del proyecto.

El planteamiento establece que, una vez los vecinos cumplan los requisitos definidos en la ley, la Alcaldía estaría obligada a autorizar el proyecto.

Su función se limitaría a fijar condiciones técnicas mínimas, supervisar la ejecución y garantizar la calidad de la obra, sin margen para rechazos discrecionales o decisiones de tipo político.

Aporte en dinero o en trabajo

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el aporte ciudadano no tendría que ser exclusivamente monetario.

El proyecto contempla que parte del aporte pueda realizarse mediante mano de obra, permitiendo que los propios vecinos participen como trabajadores en la reparación de su cuadra.

Ese trabajo sería reconocido por la administración municipal a través de tablas de valoración establecidas en la ley y descontado como parte del impuesto predial.

De esta manera, el tiempo y el esfuerzo de los ciudadanos tendrían un valor económico formalmente reconocido.

“La idea es simple: que los vecinos se organicen, arreglen su propia calle y que lo que aporten, sea en plata o en trabajo, cuente como pago del predial”, afirmó el candidato en declaraciones públicas.

Viveros explicó que esta modalidad permitiría la participación de personas que no siempre pueden aportar recursos económicos, pero sí trabajo.

En su concepto, el proyecto reconoce que el esfuerzo ciudadano también tiene valor y puede contribuir a resolver problemas que llevan años sin solución.

Críticas, control y papel del Estado

Frente a los cuestionamientos sobre posibles riesgos de improvisación o falta de control, el candidato aseguró que el proyecto contempla reglas claras y supervisión institucional.

Las alcaldías tendrían la responsabilidad de acompañar el proceso, verificar estándares técnicos y garantizar que las obras cumplan con las condiciones necesarias.

“El Estado debe acompañar, no desaparecer”, afirmó Viveros, al precisar que la administración local no ejecutaría directamente la obra, pero sí mantendría funciones de control y vigilancia.

También respondió a quienes califican la iniciativa como populista. “Populismo es prometer arreglar las calles y nunca hacerlo. Esto es una solución concreta para un problema que la gente vive todos los días”, dijo.

En ese sentido, la propuesta funciona también como un mecanismo de presión institucional. Si las alcaldías priorizan la reparación de vías, el esquema no tendría mayor impacto en el recaudo.

Pero si el abandono persiste, los ciudadanos contarían con una herramienta legal para intervenir directamente en su entorno.

“Funciona como una señal clara: o arreglan las calles, o la gente va a tener una herramienta para hacerlo. No es un castigo, es una consecuencia de no cumplir”, concluyó el candidato.

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