Este lunes se conocieron las primeras capturas por el caso de los $70 mil millones que el Ministerio de las TIC entregó como anticipo a la unión temporal Centros poblados por el fallido contrato para llevar internet a las instituciones educativas de las zonas rurales del país, y, si bien el proceso apenas comienza y será la justicia la que determine responsabilidades, preocupa que los recursos en cuestión no se recuperen.

En el largo historial de escándalos de corrupción en Colombia, salvo contadas excepciones, el Estado ha sido incapaz de recuperar los recursos perdidos, recursos que, si retornaran a las arcas, serían suficientes para evitar la tentación frecuente de aumentar los impuestos. Según la Contraloría General de la República, al año en nuestro país la corrupción se lleva $50 billones.

Lamentablemente, el anterior dato demuestra que en Colombia la corrupción es “un negocio que paga”, pues, por más escándalos e investigaciones que se desaten entorno a la malversación, al final de cuentas, aunque haya una que otra condena, lo que es excepcional, los ladrones de cuello blanco se quedan con el botín.

Por lo anterior, en el caso de los $70 mil millones del Mintic, los esfuerzos del Gobierno Nacional, de la justicia y del ente de control fiscal, además de sancionar a los responsables, deben enfocarse también en la recuperación de los recursos.

Si la lucha contra la corrupción no se centra en acabar con la rentabilidad del saqueo al erario, el robo de los recursos públicos seguirá siendo buen negocio para quienes están dispuestos a correr el riesgo mínimo de ser sancionados y encarcelados por corto tiempo para después disfrutar del dinero que le arrebataron a los más necesitados.

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