Este proyecto requiere atención y está siendo eclipsado por la refrendación del acuerdo con las Farc.

No resultan infundadas las preocupaciones de los empresarios que se congregaron en el Congreso Nacional de Infraestructura en torno a los retrasos en la reforma tributaria. El tiempo se acaba y las implicaciones de no adelantarla son graves. El Gobierno Nacional necesita recursos para compensar la caída de los ingresos petroleros. Sin ellos, las posibilidades de desfinanciar proyectos de infraestructura y programas de inversión social son altas. Igualmente, las empresas requieren que el Gobierno baje sus impuestos.

La competitividad del país se compromete con los tributos vigentes. El 42% de impuestos para empresas es uno de los más altos de mundo. Pero lo más grave de no implementar la reforma tributaria este año es el condicionamiento de las calificadoras de riesgo internacionales que bajarían la evaluación del país. Esta decisión dificultaría la consecución de créditos en el exterior, encarecería los intereses y ahuyentaría la inversión extranjera.

Medidas que afectarían la golpeada economía nacional. La reforma tributaria avanza en el Congreso en un momento inoportuno. La atención del aparato político está concentrada en la refrendación de los acuerdos con las Farc. Sin embargo, es irresponsable no darle prioridad a la reforma, pues mantener la estabilidad económica es mucho más importante  que la negociación con las Farc, aunque sea políticamente menos atractivo.

El impacto para los colombianos de no adelantar la reforma va mucho más allá del tema del IVA o de las nuevas responsabilidades de las personas naturales que son los temas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie.

Los aspectos  macroeconómicos también nos afectan, pues comprometen elementos como el crecimiento de la economía en el corto plazo y la generación de empleo. Una actitud responsable del Congreso es darle un trámite serio y rápido.

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