Que la situación del MIO es compleja no es una novedad, sin embargo preocupa el cruce de declaraciones entre Metrocali y los operadores, que se señalan mutuamente como responsables del mal servicio que presta el sistema integrado de transporte masivo de la capital vallecaucana.

Según indicó el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, hay contractualmente 756 vehículos del sistema, de los cuales se programan 662, pero no salen a operación ni siquiera 500, lo que se traduce en problemas de frecuencia que afectan a los usuarios.

Desde la otra esquina, los operadores argumentan que las partidas que se les adeudan, que suman cerca de $70 mil millones, dificultan su labor.

A todo esto se suman los problemas de vandalismo e inseguridad que afectan al MIO y que ahuyentan usuarios, y el hueco financiero que abren los colados, 22.000 por día, que multiplicados por los $2.700 que cuesta el pasaje, representan una pérdida de $59,4 millones diarios al sistema.

En este contexto, se calcula que más de 450 mil caleños utilizan en transporte informal, mientras que los usuarios del MIO no llegan a 250 mil, y si el servicio del masivo no mejora, es obvio que cada vez serán más los usuarios que optarán por otra modalidad para movilizarse.

En este círculo vicioso, surgen preocupaciones: ¿Qué pasará con los usuarios que queden en el MIO? ¿La salvación aprobada por el Concejo de Cali y que garantiza recursos por varios años para el sistema se traducirá en una mejoría real del servicio?

Como si todo lo anterior fuera poco, el mensaje que se envía cuando la ilegalidad ofrece un transporte más eficiente que un sistema planificado, en el que se ha invertido tanto, es pésimo para la ciudad.

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