Los recursos para la educación de los más pobres no pueden quedarse en los bolsillos de los políticos.

Los resultados de la auditoría realizada por el Ministerio de Educación en Cali son preocupantes; según el informe que revisó las matrículas y la contratación de docentes, correspondiente al año pasado, en la capital del Valle del Cauca se detectaron 9.125 estudiantes fantasma y 268 docentes inexistentes.

Sorprende que después del escándalo ocurrido hace diez años en la ciudad, cuando se descubrió un desfalco millonario a la educación municipal, por el que fueron capturados dos concejales, no se hayan tomado medidas suficientes para evitar que algo igual o peor se repitiera.

Más grave aún es que los hallazgos no hablan solo de irregularidades en Cali, en todo el país, según el Ministerio de Educación, se encontraron 182.642 estudiantes fantasma, es decir, alumnos que no existen, pero se desembolsan recursos del Estado para su educación, y 5.955 profesores inexistentes, educadores de mentira a los que se les paga.

Quiere decir lo anterior que la educación, que debe ser algo sagrado para quienes manejan lo público, pues de ella depende el desarrollo de una sociedad, es el negocio particular de los políticos que controlan las secretarías de educación, eso explica, en gran medida, porqué la baja calidad de la formación que reciben los niños y jóvenes que cursan la primaria y el bachillerato en instituciones públicas o en privadas contratadas para la ampliación de cobertura; las excepciones son mínimas.

Si en la revisión que está haciendo la Secretaría de Educación de cada uno de los casos denunciados por el Ministerio se confirma que otra vez se robaron la plata para la formación de las nuevas generaciones, no se puede permitir que todo se quede como si  nada, debe identificarse a los responsables y debe haber un castigo ejemplar.

Comments