El secuestro de Diego Cardona, exsecretario de Deportes de Cali y primo del exgobernador Juan Carlos Abadía, ocurrido en zona rural del municipio de Restrepo, Valle del Cauca, es la confirmación de que este flagelo viene nuevamente en aumento en Colombia.

Según cifras del propio Ministerio de Defensa, durante el primer trimestre de este año fueron secuestradas 131 personas en el país, mientras que en ese mismo periodo de 2022 fueron 42 los casos, lo que representa un aumento superior al 200%. ¿Qué está pasando?

Sin duda, el repliegue de las fuerzas militares y la Policía, debido a la “política de seguridad humana” del presidente Gustavo Petro y los ceses al fuego por cuenta de la “paz total” abrieron unos espacios que están siendo aprovechados por las organizaciones criminales.

En ese sentido, preocupa que en el cese al fuego con el ELN, que comenzará a partir del 3 de agosto, no se haya incluido la renuncia del grupo armado ilegal a los secuestros y la extorsión. ¿Cuál será, entonces, el papel del Ejército y la Policía cuando un ciudadano sea plagiado por el ELN? El secuestro de Diego Cadena, por ejemplo, es atribuido a esta agrupación.

Una política de seguridad permisiva con los criminales conduce al aumento de delitos al reducir la disuasión y fomentar la impunidad y la reincidencia. Por lo tanto, si las organizaciones criminales dedicadas al secuestro tienen la certeza de que las autoridades no actuarán, los ciudadanos estarán más expuestos a ser víctimas de este delito.

Si el gobierno nacional mantiene una posición débil frente al crimen organizado y la delincuencia común, el país seguirá retrocediendo en materia de seguridad.

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