El ataque perpetrado por las disidencias de las Farc en Jambaló, donde resultaron heridos dos policías y la sede del Banco Agrario fue destruida y saqueada el pasado fin de semana, confirma el retroceso tan grande que está viviendo Colombia en materia de seguridad y orden público.

Como si fuera poco, este martes, 12 de septiembre, los habitantes de Dagua, en el Valle del Cauca, a sólo una hora de Cali, vivieron momentos de pánico por cuenta de un hostigamiento del mismo grupo criminal contra la estación de Policía de este municipio.

Este tipo de hechos, que eran casi cotidianos a finales de la década de los 90, fueron superados hace dos décadas gracias al fortalecimiento de las fuerzas militares, que recuperaron el control de zonas dominadas por las guerrillas, pero ahora, contrario a avanzar hacia la “paz total” prometida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, las tomas y los hostigamientos están otra vez de regreso. Vamos para atrás.

Lo más preocupante de esta situación es el evidente repliegue de la fuerza pública. Si bien es cierto que el gobierno adelanta procesos de diálogo con varias organizaciones criminales, en busca de una salida negociada, esto no tiene porqué implicar el repliegue del Ejército y las demás fuerzas del orden. El Estado debe ser generoso con quien muestre una real voluntad de diálogo, pero, igualmente, tiene la obligación de confrontar a todo aquel que atente contra la vida y bienes de los colombianos.

Aunque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, insiste en que la fuerza pública no está maniatada, la realidad de orden público del país indica lo contrario y, mientras el gobierno insiste en vender el inverosímil cuento de que aquí no está pasando nada, hay miles de colombianos en riesgo por cuenta del acoso de los violentos y el abandono del Estado a quienes no les queda otro camino que el confinamiento o el desplazamiento.

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