La reciente denuncia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien afirmó que su teléfono y chat fueron interceptados ilegalmente por órganos de inteligencia del Estado, ha encendió una alarma que Colombia no puede ignorar.

La posibilidad de que el país esté enfrentando nuevamente prácticas de espionaje ilegal, dirigidas contra magistrados de las altas cortes, dirigentes de la oposición y periodistas es profundamente preocupante y requiere una respuesta contundente.

La Presidencia de la República anunció una investigación a la Dirección de Tecnología y a la Secretaría de Comunicaciones para determinar la veracidad de estas denuncias.

Además, la Fiscalía anunció su propia indagación. Sin embargo, la historia reciente de Colombia con respecto a las “chuzadas” obliga a recibir estas promesas con cautela.

El presidente Gustavo Petro declaró públicamente que su gobierno no está involucrado en estas prácticas y subrayó que la inteligencia del Estado debe enfocarse en la persecución del crimen organizado.

No obstante, el simple hecho de que existan denuncias tan graves plantea una serie de preguntas inquietantes sobre la verdadera labor de los organismos de inteligencia y su respeto por los derechos fundamentales.

En una democracia, el uso indebido de estas entidades para espiar a la oposición y a la prensa es un atentado directo contra los principios de transparencia, pluralismo y libertad, pues se trata de prácticas que además de intimidar y silenciar a quienes critican al gobierno, destruyen la confianza de los ciudadanos.

Por esto, la denuncia del magistrado Ibáñez representa un reto enorme para la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien debe actuar con independencia y firmeza para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.

Un gobierno que prometió cambio y transparencia debe demostrar con acciones concretas, no con discursos, que es diferente a sus predecesores.

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