Nuestro país tiene asuntos mucho más importantes que las visas de los magistrados.

Que el Gobierno de Estados Unidos le haya quitado la visa a tres magistrados colombianos no puede volverse un asunto de Estado, como lo pretenden quienes han sobredimensionado este caso.

La semana pasada se conoció que las autoridades norteamericanas cancelaron las visas de los magistrados Éyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia, y Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional.

De inmediato el tema fue catalogado por algunos como una intervención indebida por parte de Estados Unidos en asuntos internos de Colombia, pues la decisión se dio justo cuando las altas cortes de nuestro país se aprestan a tomar decisiones sobre la extradición.

Puede que la determinación de Estados Unidos esté motivada en las discrepancias que tienen los magistrados frente a la entrega de nacionales a autoridades de otros países, pero, aunque así sea, es facultad del gobierno estadounidense conceder, negar, suspender y cancelar visas según su criterio; cada país es autónomo en ello.

Ahora bien, las altas cortes colombianas también son autónomas y sus miembros deben tomar decisiones con base en la aplicación de las leyes de nuestro país sin que asuntos personales de los magistrados, como la cancelación del permiso de entrada a otro país, pesen a la hora de emitir fallos.

Por eso exageran quienes piden que el Gobierno de Colombia le reclame a Estados Unidos por la cancelación de estos tres permisos de ingreso.

La agenda nacional no puede depender de las visas de tres ciudadanos, tengan el cargo que tengan.

¿O acaso cuando Washington le canceló la visa a Ernesto Samper, siendo presidente de Colombia, rompimos relaciones?

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