La reciente revelación de la Contraloría General de la República sobre irregularidades en contratos ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, por cerca de $5 billones en los últimos cuatro años, es un claro indicio de cómo esta entidad se ha convertido en una caja menor (o mayor, por lo astronómico de las cifras) de la corrupción.

Esta práctica no es nueva, pero no deja de ser alarmante lo ocurrido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien fue elegido con la promesa de cambiar las viejas formas de hacer política, pero terminó haciendo lo mismo que criticaba en sus antecesores.

Las cifras son escalofriantes: se estima que la corrupción en la Ungrd en el actual gobierno podría ascender a más de $1,5 billones.

Esto plantea serias dudas sobre el uso de los recursos destinados a la gestión del riesgo en Colombia. ¿Cuántos desastres naturales se habrían podido prevenir si todos los recursos de la Ungrd se hubieran invertido en obras de mitigación en lugar de desviar buena parte de ellos para el pago de la corrupción?

A solo dos meses de la llegada del Fenómeno de la Niña a Colombia, en lugar de estar supervisando las obras de prevención y mitigación de riesgos, el país se encuentra debatiendo qué se hizo con el dinero de la Ungrd.

Las tragedias que puedan dejar las lluvias serán responsabilidad del gobierno nacional y de cada uno de los corruptos que saquearon esta entidad.

Es evidente que la contratación para atender emergencias debe ser rápida y directa, lo cual ha sido aprovechado por los corruptos. Sin embargo, ralentizar los procesos no es la solución.

Lo que se requiere es una mayor vigilancia y mecanismos de verificación en tiempo real para evitar que sigan robando a través de la Ungrd.

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