El caso de la fosa común encontrada en Dabeiba, Antioquia, con 50 cuerpos no identificados, no se puede convertir en un asunto político.

En algo tan grave como este hallazgo no se pueden lanzar juicios a priori, y aunque hasta el momento las investigaciones están lejos de llegar a conclusiones, ya se han escuchado señalamientos irresponsables que han generado un clima de tensión alrededor de este caso, al asegurar que se trata de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército.

Como bien lo dijo el presidente Iván Duque, al manifestar su apoyo a las investigaciones encaminadas a esclarecer los hechos, “todo aquel que cometa un delito y que deshonre el uniforme de la Fuerza Pública merece ser investigado y que se aplique todo el peso de la Ley”.

Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, debe evitar insinuaciones que, sin tener pruebas concretas, generen un ambiente de tensión y presiones que lleve a la opinión pública a dar por hecho que se trata de “falsos positivos” sin que se haya probado.

Este es un tema delicado que no se debe abordar con tendencias ideológicas, la JEP, en la búsqueda de la verdad debe reconstruir todos los crímenes, sin priorizar los de unos autores y minimizar o ignorar los de otros, pues una verdad a medias solo servirá para generar más odio y sembrar más desconfianza.

Si hay sospecha de ejecuciones extrajudiciales, se debe investigar a fondo, pero se debe hacer el mismo esfuerzo por esclarecer los casos de desaparición y secuestros cometidos por las Farc.

Es un error ver con lupa los crímenes de unos y con microscopio los de otros, Colombia debe avanzar hacia un estadío en el que no se justifique ninguna muerte violenta.

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