La decisión que tomó el presidente de la República, Iván Duque, de llamar a calificar servicios a cuatro altos oficiales del Ejército, ante denuncias de supuesta corrupción, se constituye en una oportunidad de depuración al interior de la institución castrense, y al mismo tiempo en una oportunidad para realizar cambios que permitan que las Fuerzas Armadas retomen la ofensiva en la lucha contra los grupos armados al margen de la ley, llámense guerrillas, disidencias, paramilitares o bandas criminales.

Pese a sus errores, el Ejército Nacional es una de las instituciones más queridas y respetadas por los colombianos, pues el país le reconoce la defensa de la democracia, en especial en la lucha que libró contra las Farc entre 1998 y 2010.

Sin embargo, el repliegue de las tropas durante las negociaciones de La Habana, permitió la consolidación de los grupos ilegales que giran en torno al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, por lo que hoy es una necesidad innegable que el Ejército contenga el avance de todo tipo de grupo armado.

Desde luego, si el Ejército recobra la iniciativa en la lucha contra el crimen, al interior de la institución se deben tomar las medidas necesarias para evitar que haya casos de falsos positivos. Si las Fuerzas Armadas retoman la ofensiva, hay que cuidarlas de errores que minen su credibilidad, pues se necesita que el país las rodee.
El avance de las bandas criminales es preocupante, como lo es la posibilidad de que una facción de las Farc se rearme. Allí es cuando se requiere que el Ejército actúe de manera preventiva, pues no podrá haber paz mientras se permita que surjan y se consoliden nuevas amenazas armadas.

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