La forma en que escapó la excongresista Aida Merlano deja mucho que desear sobre el sistema penitenciario colombiano y alimenta la decepción de un país que está cansado de ver cómo los políticos corruptos hacen y deshacen sin que les llegue el justo castigo.

El caso de Merlano parecía diferente, fue capturada y la Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora, y tenencia ilegal de armas, pero, por omisión o complicidad, el sistema falló y la excongresista escapó de la manera más absurda.

Resulta incomprensible que una presa como Aida Merlano, que podría ser pieza clave en las investigaciones de corrupción que se adelantan contra varios caciques políticos de la costa Caribe no fuera custodiada de acuerdo con el valor de la información que podría aportar. En ese contexto, una fuga o un atentado son previsibles, pero misteriosamente el Inpec parece que no consideró esos escenarios.

Retirar de sus cargos al director del Inpec y a la directora de la cárcel en la que estaba recluida la excongresista costeña no resuelve nada, aquí lo que se requiere es llegar al fondo del asunto y establecer qué hilos se movieron, porque hay hipótesis que apuntan a la posible intermediación de poderosos políticos.

Por eso, por el simbolismo que encierra en la lucha contra la corrupción, el Estado colombiano debe hacer el máximo esfuerzo para poner de nuevo tras las rejas a Aida Merlano. El país necesita creer en sus instituciones, creer en la justicia y tener la certeza de que ningún político, por poderoso que sea, tiene licencia para burlar la ley.

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