La sentencia contra un líder de la primera línea en Bogotá, que fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión, confirma que la protesta social no se puede confundir con el crimen.

El sujeto en cuestión y otros tres integrantes de este grupo fueron encontrados responsables de los delitos de tortura y concierto para delinquir, cometidos dentro de las acciones que adelantaron durante el paro nacional en el Portal de las Américas.

Los responsables de estos delitos, claramente no pueden ser considerados presos políticos, como los calificaron en su momento el propio presidente Gustavo Petro y el senador Gustavo Bolívar, ni mucho menos pueden ser cobijados por amnistías o indultos, pues según el material probatorio aportado por la Fiscalía, “actuaron coordinadamente para realizar actos vandálicos de tortura a particulares y agresiones contra fuerza pública en el suroccidente de Bogotá”.

Además, las amenazas proferidas contra el juez que los condenó confirman su peligrosidad.

Otorgarles cualquier tipo de beneficio a los sentenciados, equivaldría a validar sus prácticas como mecanismos de protesta y eso, claramente, es algo que un sistema democrático y un gobierno que se proclama como defensor de los

Derechos Humanos no pueden ni promover ni permitir.

Quienes participaron en las protestas pacíficas están libres y, además, pasaron del paro a la acción social y a la participación política, lo cual los diferencia de quienes salieron a las calles a atacar y destruir.

Colombia debe hacer el máximo esfuerzo para que no se repita una situación como la vivida durante abril y junio de 2021, y esto se logra generando oportunidades de desarrollo para todos, pero también sancionando judicial y socialmente a quienes aprovecharon la coyuntura para generar caos y violencia.

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