La recolección de firmas para interponer una acción de cumplimiento que obligue al Ministerio de Transporte a cancelar el cobro de la renovación de las licencias de conducción revivió el debate sobre los abusos a los que han sido sometidos los colombianos con este trámite.

Según la representante Gloria Stella Díaz, del movimiento político Mira, la única congresista que ha salido a defender los intereses de los ciudadanos en este tema en el que la mayoría de sus colegas han guardado silencio cómplice, dos leyes de la República, la 1383 de 2010 y la 1450 de 2011, establecen que la sustitución de las licencias debe ser gratuita, razón por la cual emprendió la recolección de rúbricas para obligar al Ministerio de Transporte a cumplir la ley.

Hábilmente, en un gesto vergonzoso y desconcertante, el Ministerio de Transporte salió a decir que no es lo mismo sustituir los pases que renovarlos. Un juego de palabras, una leguleyada con la que el mismo Estado busca cómo saltarse las leyes.

¿Dónde están los entes de control? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Presidente de la República? Salvo contadas excepciones, no ha habido casi nadie en las altas instancias del Estado que haya defendido a los colombianos de la seguidilla de atropellos que han padecido por cuenta de este trámite, la indolencia es casi total.

Además de la burla a la ley, hay otros factores como el elevado costo de la renovación de las licencias, que no se compadece de la realidad económica de los colombianos, y el mal servicio ocasionado por las fallas del Runt, que le ha hecho perder tiempo a los ciudadanos.

Así las cosas, lo mínimo que debe hacer el Gobierno Nacional es ampliar el plazo para quienes deben renovar el pase, fijado hasta octubre, pues ha sido por negligencia del Ministerio de Transporte, y no de la gente, que no se ha podido realizar el trámite.

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