El Gobierno, sus partidos aliados y las Farc no pueden sacar del juego a otros movimientos.

Como bien se sabe, producto del acuerdo de paz suscrito con el Gobierno Nacional, las Farc, cuando termine la fase de entrega de armas, se constituirán en un movimiento o partido político con personería jurídica que podrá presentar candidatos a todos los cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República.

Este es uno de los “sapos” que el país se tuvo que tragar a cambio de la desmovilización del grupo ilegal y que en el documento suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y  alias “Timochenko”, se denominó “apertura democrática”.

En teoría, en el acuerdo se habla de otorgar mayores posibilidades a los diferentes sectores de la sociedad colombiana para que participen en política. Sin embargo, ahora que el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de reforma al sistema de partidos, parece que la “apertura democrática” sólo aplica para las Farc y se quedó en el papel para los demás.

El proyecto legislativo plantea que un movimiento político que no tenga personería jurídica, deberá contar con 525 mil afiliados para participar en procesos electorales nacionales, algo totalmente incoherente, pues la guerrilla no solo podrá presentar candidatos propios en todos las elecciones, sino que en el caso de Senado y Cámara se le garantizará un mínimo de curules así no tenga votación suficiente.

El mensaje que se envía con esta iniciativa es totalmente contrario a su supuesta intención, pues deja en el escenario político solo a los partidos tradicionales y a las Farc, cerrando cualquier posibilidad real para que los movimientos independientes que no se identifican con las viejas maquinarias ni con la organización política de la guerrilla participen en igualdad de condiciones.

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