El senador vallecaucano José Luis Pérez, quien se posesionó esta semana como presidente de la Comisión Segunda del Senado, planteó la necesidad de que Colombia haga parte de un tribunal internacional que persiga y castigue el soborno transnacional. El Congresista propuso también tramitar una ley que establezca responsabilidades penales para las personas jurídicas (empresas y demás entidades) que incurran en prácticas corruptas.

La propuesta es interesante, pues hasta el momento la responsabilidad en casos de corrupción que involucran empresas recae sobre las personas naturales, casi siempre representantes legales y empleados de alto nivel que han pagado sobornos a funcionarios del Estado para hacerse con millonarios contratos públicos.

Si esa ley se tramita, además de las sanciones penales y fiscales que establezca, debe tener como punto central la prohibición de contratar con el Estado para toda organización a la que se le comprueben prácticas corruptas.

En el caso Odebrecht, por ejemplo, la constructora brasilera y las empresas colombianas con las que conformó el consorcio para ejecutar las obras cuya adjudicación se dio por medio de sobornos, ya deberían estar impedidas para suscribir y ejecutar contratos que se financien con recursos públicos.

En este tipo de hechos irregulares deben responder quienes pecan por la paga y quienes pagan por la peca. La impunidad estimula la corrupción y todo tipo de delitos, por eso es necesario que nuestro país avance en estos casos simbólicos, caiga quien caiga, para enviar un mensaje contundente a los ladrones de cuello blanco, como lo han hecho los sistemas judiciales de Brasil y Perú, donde ni siquiera la investidura presidencial ha librado a los implicados de responder.

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