El jueves pasado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ratificó el fallo del Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Cali que restringe eventos masivos en la Carpa La 50.

La decisión de la justicia busca proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes del barrio El Lido.

La disputa empezó en el 2018, cuando los habitantes presentaron una acción popular por el ruido excesivo que causaban los eventos que se realizaban en la Carpa.

En medio del debate la empresa propietaria del establecimiento se defendió argumentando su importancia en la economía y en su capacidad de generar empleo. Dos caras muy importantes de una misma moneda. Este tipo de conflictos no es exclusivo de este sector de la ciudad.

El parque del Perro en San Fernando, el Barrio Granada, los sectores aledaños al teatro de los cristales y de Migración Colombia en el barrio La Flora son otros ejemplos de las disputas que generan la mezcla de actividades.

Una mezcla inapropiada que tiene origen en un Plan de Ordenamiento Territorial confuso y en la baja capacidad de nuestras autoridades de hacer respetar las normas. Igualmente, porque no somos una sociedad que respete los límites ni que piense en los derechos del otro.

En ese orden de ideas tampoco hemos sido capaces de implementar una cultura que piense en la mitigación de los impactos y de los riesgos. Avanzamos desbocados atropellándonos los unos a los otros, dejando como consecuencia una ciudad cada vez más caótica.

No es razonable que sea la justicia la que deba pronunciarse en materia de planeación urbana, considerando además el desgaste social que genera un pleito jurídico. Cali debe avanzar en la consolidación de un modelo urbano que permita la coexistencia de todos los sectores.

Necesitamos vivienda, comercio, diversión y empresas… cada uno en su espacio, con derechos y obligaciones.

Foto Alcaldía de Cali

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