La falta de verdad, justicia y reparación puede llevarnos a una situación de violencia peor.

El asesinato en Tuluá de un excomandante guerrillero demuestra que, pese la firma del acuerdo entre las Farc y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, Colombia está lejos de la reconciliación.

Sin justificar este homicidio y sin que las autoridades hayan establecido aún los móviles, las hipótesis apuntan a una posible venganza por el pasado del exguerrillero asesinado.

El hecho explica la importancia de que el país avance hacia la reconciliación, algo que hasta ahora, dos años y medio después de la firma del acuerdo con las Farc, no se ve cercano, pues no se han dado las condiciones para alcanzar ese estado.

¿Y cuáles son esas condiciones? Verdad, justicia y reparación. Las víctimas de las Farc siguen a la espera de que estas tres promesas se cumplan, y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz conocidas hasta el momento parecen más enfocadas en garantizar beneficios judiciales a los excomandantes de las Farc que en la defensa de las víctimas de esta guerrilla.

Mientras la percepción de impunidad en torno a los crímenes de las Farc continúe, estará abierta la posibilidad de que haya víctimas de la guerrilla que contemplen el equivocado camino de la “justicia por mano propia”, algo que solo sirve para generar más violencia.

Por eso hay que insistir en que los cabecillas guerrilleros digan la verdad, en que reciban sanciones judiciales que, si bien se entiende serán alternativas, no pueden ser irrisorias, y, sobre todo, que reparen los graves daños que ocasionaron a tantas personas, como las mujeres víctimas de abusos sexuales y abortos obligados, que han sido ignoradas hasta el momento.

Si esto no se hace, la espiral de violencia no se detendrá.

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