El escándalo del momento es un reflejo asqueante de la forma en la que se hace política en Colombia.

Las informaciones conocidas en los últimos días que ponen en entredicho las versiones iniciales del caso del hacker que sacudió la campaña presidencial de 2014 plantean grandes inquietudes sobre el manejo de la política colombiana y la forma en la que el poder público puede ser instrumentalizado para acabar con los contradictores a partir de montajes  convertidos en “verdades” a través de procesos judiciales en los que los medios de comunicación terminan siendo idiotas útiles, pues ayudan a convertir mentiras en hechos “ciertos”.

Ahora resulta que la versión que se dió hace dos años y medio, y que, sin duda, incidió en el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a favor de Juan Manuel Santos, podría ser falsa. Según las nuevas revelaciones, quienes se mostraron como víctimas de una infiltración podrían ser, por el contrario, responsables de interceptaciones ilegales a su contraparte. Pero, en ese vergonoso espectáculo circense, dar por ciertas las versiones de unos u otros resulta además de ingenuo, irresponsable.

Sea cual sea la verdad, que ojalá se pueda establecer, este caso abre una pregunta sin respuesta: ¿Cuántos de los grandes escándalos nacionales que han acabado con carreras políticas han sido viles montajes en los que se han pagado falsos testigos o se ha contado con la complicidad de organismos de seguridad o autoridades judiciales?

Lo más grave es que la falta de equilibrio de poderes dificulta o, en la mayoría de los casos, impide que se conozca la verdad, en Colombia, con contadas excepciones, el legislativo y el judicial actúan con independencia frente al ejecutivo.

¿Cómo acabar con la espiral de abuso del poder en la que está atrapado nuestro país? Esa también parece una pregunta sin respuesta.

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