Los reportes de poblaciones cercadas por el crimen o aisladas por bloqueos de vías son cada vez más frecuentes.

En el Cauca, por ejemplo, el municipio de Argelia vive una compleja situación, sin que los niños puedan ir a estudiar y sin que el comercio pueda abrir libremente, por cuenta de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc que se disputan el control de los negocios ilícitos en la zona rural.

Los hechos dejan al menos 1.600 personas desplazadas y 2.000 confinadas.

Algo similar ocurre en Buenaventura, donde los combates entre ilegales provocaron el éxodo de centenares de personas que huyeron hacia el casco urbano, mientras que se calcula que 150 familias de dos veredas están confinadas.

Pero esto no ocurre únicamente en el occidente del país, en el oriente, en la región del Catatumbo, los grupos armados ilegales patrullan en corregimientos y hasta en las cabeceras de algunos municipios.

En Antioquia y en Córdoba hay al menos 15 localidades confinadas por cuenta del paro minero, que tiene bloqueadas las entradas y salidas, y paralizadas todas las actividades, entre ellas el comercio, por lo que la escasez de alimentos y productos básicos ya afecta a los habitantes.

En medio de este panorama, sorprende la pasividad del Estado, que también podría llamarse permisividad, al no intervenir con la fuerza pública para retomar el control y garantizar los derechos de los civiles, que están presos en sus territorios.

Son muchas las preguntas sin resolver.

¿Por qué la Policía y el Ejército no pueden actuar? ¿Por qué el gobierno nacional está permitiendo que las organizaciones criminales consoliden el control territorial?

Es preocupante, triste e indignante que la única alternativa de los civiles sea el confinamiento o el desplazamiento, porque el Estado los dejó a merced de los violentos.

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