La violencia en el Cauca se ha intensificado de manera alarmante.

El atentado, hace pocos días, en un supermercado de Popayán y los constantes enfrentamientos en el departamento evidencian la grave crisis de seguridad.

La capital caucana, que solía estar en calma en medio del conflicto, ahora también es escenario de ataques.

Esta realidad exige un replanteamiento urgente de las políticas de seguridad.

La explosión en el sector de La Esmeralda dejó una persona herida y sembró el miedo en la ciudadanía.

Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con extorsiones, una práctica común de los grupos armados ilegales.

Paralelamente, en municipios como Suárez, Morales y Argelia, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias de las FARC han generado desplazamientos y víctimas civiles.

La violencia se expande sin freno, y la población queda atrapada en el fuego cruzado.

La situación exige medidas inmediatas y eficaces.

Es fundamental fortalecer la presencia estatal, no solo militar, sino también con inversión social y oportunidades económicas.

La estrategia de seguridad debe adaptarse a la realidad cambiante del conflicto.

Además, la inteligencia policial y militar necesita refuerzos para anticipar atentados y evitar más tragedias.

El Gobierno Nacional debe reconocer que la violencia en el Cauca ha superado los límites tolerables.

No se puede permitir que Popayán se convierta en otra zona de guerra.

La seguridad ciudadana no es un privilegio, sino un derecho fundamental.

La comunidad, por su parte, debe colaborar con las autoridades y rechazar cualquier forma de violencia.

El momento de actuar es ahora.

Si no se toman decisiones contundentes, la espiral de violencia seguirá avanzando y cobrando más vidas.

El Cauca necesita paz, pero una paz con justicia y seguridad reales.

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