Desde todo punto de vista, resulta inconveniente la decisión que tomó la Corte Constitucional al tumbar los apartes del Código de Policía que prohibían el consumo de sustancias sicoactivas y de alcohol en espacios públicos.

Las implicaciones de este fallo van mucho más allá de las libertades individuales de los consumidores de drogas y licor, a favor de quienes se pronunció el tribunal. La decisión facilita la venta de sustancias alucinógenas y abre la puerta para que los espacios públicos se conviertan en sitios de expendio y consumo de las mismas.

Tienen mucha razón quienes reclaman porque los parques y los polideportivos, sitios pensados para compartir en familia y para la sana recreación de jóvenes y niños, se convertirán en espacios “vetados” para los menores de edad, ¿o a qué padre o adulto responsable se le ocurriría permitir que sus hijos estén en sitios en los que puede haber personas que consuman drogas delante de ellos?

La otra razón por la que este fallo es un error es porque facilita el “trabajo” de los jíbaros y dificulta las acciones de las autoridades en la lucha contra el expendio de sustancias ilícitas, pues mientras los vendedores porten cantidades de droga que no superen la dosis mínima, la Policía no podrá realizar decomisos.

No se trata de criminalizar a los adictos, es claro que los consumidores deben ser tratados desde el punto de vista de la salud, pero el país tiene que tomar medidas para frenar el consumo de drogas, para evitar que más personas caigan en este flagelo, y esta decisión de la Corte Constitucional va en contravía de ello, pues, por el contrario, facilita la venta y el consumo de alucinógenos.

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