Otra vez se aplazó una decisión de fondo sobre el aborto en Colombia; la Corte Constitucional sometió a votación la despenalización total, pero hubo empate, cuatro magistrados a favor y cuatro en contra. Mientras tanto los abortos clandestinos en el país siguen poniendo en riesgo la vida de cerca de 400 mil mujeres al año, quienes además de exponer su vida al practicarse el procedimiento de manera oculta, corren también un riesgo jurídico, pues si no encaja en una de las tres excepciones contempladas en la ley (violación, malformación del feto o peligro de muerte para la madre) es considerado delito.

Nuestro país, sin duda, debe trabajar más en educación sexual para prevenir los embarazos en adolescentes y los embarazos no deseados en general. Una pedagogía sostenida en ese sentido, que promueva y facilite los mecanismos de planificación, debe ser una prioridad nacional. Sin embargo, el aborto, que debe ser el último recurso, tiene que ser decisión exclusiva de la mujer, que es, al fin de cuentas, quien en estos momentos es obligada por el Estado a dar a luz y a asumir la crianza de un hijo no deseado en un país en el que las oportunidades escasean.

Lamentablemente, hay dos factores que contaminan la discusión sobre este tema: la religión, que lo lleva al escenario del pecado, y la política, que lo convierte en un pulso entre ideologías. Sobre esto es importante aclarar que quien lo considere pecado debe asumirlo como una decisión propia que no tiene porqué imponer a los demás, mientras que quienes hacen las leyes y toman las decisiones legales deben abordarlo como un asunto exclusivo del derecho y de la salud pública.

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