Cali, septiembre 24 de 2026. Actualizado: jueves, septiembre 24, 2026 15:43
Por los daños ambientales y la afectación a la vida silvestre y a la salud humana, los incendios forestales son graves crímenes.
Si resulta desconcertante que haya personas que ocasionen incendios forestales de manera intencional, más desconcertante es que en Colombia la provocación de una conflagración de estas no sea considerada un delito, cuando, en verdad, se trata de un crimen ambiental.
Las autoridades capturaron a tres sujetos señalados de ocasionar el incendio forestal que se registró durante cuatro días en zona rural de Yumbo y que consumió 500 hectáreas de capa vegetal, pero pocas horas después fueron dejados en libertad porque el grave acto que cometieron es considerado una simple contravención por la ley colombiana.
Los incendios forestales que consumen vastas área de capa vegetal tienen efectos incalculables sobre los ecosistemas, la producción de agua y la salud humana.
Cuando la frecuencia de los incendios forestales es alta, como ocurre en esta temporada en la región, el impacto puede ser devastador, porque se interrumpen los ciclos naturales de los bosques y desaparecen las especies nativas. Los incendios forestales aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que aumenta los efectos del cambio climático; además erosionan los suelos, lo que hace que al volver las lluvias se presenten inundaciones y desprendimientos de tierra.
En lo que a salud humana respecta, los incendios forestales generan infecciones respiratorias e intoxicaciones agudas producto del humo, mientras que las cenizas pueden ocasionar infecciones como la conjuntivitis.
Con todo esto, resulta inadmisible que para la ley colombiana un incendio forestal provocado sea una contravensión; por el daño ambiental y la afectación a la vida silvestre y a la salud humana, la provocación de este tipo de desastres debe ser un delito castigado con severidad.
El sistema en el que se estructuran las penas en Colombia es desactualizado y carente de lógica, urge su revisión y la clara definición de los castigos para los delitos contra el medio ambiente.
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