En los días previos al inicio del cese al fuego “bilateral”, el ELN intensificó sus actividades criminales en varias regiones del país.

Las noticias de secuestros, hostigamientos y extorsiones perpetrados por este grupo armado ilegal llegan desde distintos rincones de Colombia.

En este contexto y con el antecedente del cese al fuego “bilateral” decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro con otros grupos criminales, que solo ha sido cumplido por la Policía y el Ejército, mientras las agrupaciones con las que se pactó no sólo continuaron con sus actividades ilícitas sino que las intensificaron, preocupa lo que pueda ocurrir a partir de esta semana con el ELN.

Como el pacto de no agresión es entre el gobierno y el grupo criminal, la población civil queda expuesta a las acciones del ELN sin que las fuerzas del Estado puedan intervenir.

Como está planteado, el cese “bilateral” favorece la operatividad de la guerrilla, pues le permite continuar sus actividades ilícitas con la tranquilidad de que la fuerza pública no le perseguirá.

A esto se suma que, sin tener que preocuparse por el Ejército ni por la Policía, el grupo guerrillero se podrá concentrar en las disputas territoriales con otras organizaciones criminales con las que compite por el control de los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, lo que se traduce en más violencia en las zonas rurales.

¿Hasta dónde llega la ingenuidad del gobierno por la ilusión de la paz y dónde comienza la complicidad?

El logro de una paz duradera con el ELN depende de que este grupo guerrillero respete el cese al fuego, evite las hostilidades, los secuestros y la extorsión.

La sociedad colombiana espera que tanto las autoridades como el ELN cumplan con sus respectivos compromisos, ya que no se tolerará una situación en la que las autoridades cumplan su parte mientras el ELN no.

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