El aumento de la actividad de los grupos armados al margen de la ley en las regiones es cada vez más evidente.

Esta semana, en la Cumbre de Gobernadores, que se realizó en Yarumal, Antioquia, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, alertó sobre la situación de inseguridad que se vive en los llanos por cuenta de estas organizaciones.

El mandatario regional no sólo habló en representación de su departamento, sino de otros gobernadores y, ante el presidente Gustavo Petro, hizo un balance de lo que está ocurriendo: “Le hablaré de mi departamento pero me han pedido mencionar a Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo y Guaviare, porque están pasando situaciones similares a las del Meta… Las disidencias de las Farc se tienen casi tomado el sur del departamento del Meta”.
El presidente Petro, en busca de la “paz total” ordenó un cese bilateral al fuego que, en verdad, es unilateral, pues sólo lo están cumpliendo las Fuerzas Armadas y la Policía, mientras que las organizaciones criminales aprovechan la situación para cometer todo tipo de acciones ilícitas.

La explicación del gobierno es clara: el cese al fuego, no incluye un cese de hostilidades, es decir que lo pactado entre las partes es no combatir, pero en ningún momento ni la guerrilla ni las disidencias ni las demás agrupaciones en cuestión se han comprometido a suspender sus acciones contra los civiles.

Esto deja claramente a las fuerzas del Estado y, por supuesto, a la ciudadanía, en una completa desventaja, pues, para resumirlo con un claro ejemplo, en cumplimiento del cese al fuego ni el Ejército ni la Policía pueden disparar contra miembros de estos grupos criminales, así continúen extorsionando, cultivando y procesando coca y acosando de múltiples maneras a la comunidad.

El gobierno no puede mantener unas disposiciones que claramente favorecen a los ilegales y aumentan la inseguridad en todo el territorio nacional.

Foto: Ejército Nacional

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